Gobierno argentino obliga a empresas públicas a invertir en bonos

El gobierno de Argentina promulgó este lunes un decreto que obliga a "todas las jurisdicciones y entidades del Estado nacional" a "invertir sus excedentes transitorios de liquidez mediante la suscripción de Letras" emitidas por el Tesoro Nacional, a un plazo que no supere los 180 días.

Esta medida, que no se aplicará a "bancos públicos, Poder Legislativo nacional ni Poder Judicial", nace "como consecuencia de la inestabilidad financiera y cambiaria que atraviesa la economía" del país, sumida en una crisis desde mediados del año pasado que se ha recrudecido tras las elecciones primarias de agosto.

"Una de las necesidades más urgentes es la de asegurar el mantenimiento del financiamiento fiscal a corto plazo, mientras las demás medidas implementadas generan los efectos necesarios para recuperar el acceso a medios de financiamiento que en este momento no resultan accesibles a costos razonables", recoge el decreto publicado hoy en el Boletín Oficial.

Medidas

A raíz de la situación que vive el país, marcada por una fuerte devaluación del peso y aumentos en las tasas de inflación y pobreza, el Ejecutivo aprobó una serie de medidas como la eliminación del IVA en alimentos de la canasta básica o la prórroga de la ley de Emergencia Alimentaria, que permite adjudicar al área de alimentos partidas presupuestarias de otras secciones, hasta finales de 2022.

"Es imprescindible incrementar los créditos presupuestarios para incorporar el impacto de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 27.519, por la que se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2022 la Emergencia Alimentaria", asegura el decreto.

El pasado 28 de agosto, el ministro de Hacienda del país, Hernán Lacunza, anunció que buscaría medidas para aliviar los compromisos financieros de Argentina y aplazó entre tres y seis meses el vencimiento de los títulos de corto plazo emitidos por el Tesoro, mientras que avanzó un "reperfilamiento" de la deuda a largo plazo en moneda extranjera, lo que afecta principalmente al préstamo de 56.300 millones de dólares contraído con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

De ese préstamo, el Gobierno debería recibir este mes US$ 5.400 millones, un desembolso que ahora la entidad financiera ha puesto en espera hasta, al menos, el próximo 14 de octubre, cuando se reanudarán en Washington las conversaciones técnicas entre representantes de las dos partes.

La medida difundida hoy tiene un precedente en una norma de 2004 que "mientras estuvo vigente alcanzó a los fondos fiduciarios integrados con bienes o fondos del Estado nacional", aunque "actualmente no se está ante las mismas causas que llevaron al dictado de dicha medida, sino que se busca prevenir la repetición de los factores que la hicieron necesaria".